Uno de los imputados en el caso Virgin dice que se sintieron «condenados» antes del juicio.
«No tenían relevancia como para adoptar semejantes medidas» ha señalado hoy el letrado Ricardo Pérez-Lama, si bien, reconoce «que el proceso no ha culminado».
El copropietario del estudio de arquitectura Xcale, Pedro Cortizas Díaz, uno de los imputados por el denominado caso Virgin en relación a una presunta red corrupta en Mugardos, ha asegurado este mediodía que se sintió «condenado y juzgado» incluso antes de conocer los cargos que supuestamente la Fiscalía le atribuía.
En una rueda de prensa celebrada en el despacho de abogados ferrolano Lama y Asociados que les representa, Cortizas, que regenta el estudio junto a su hermana Julia Cortizas, se ha mostrado satisfecho con la primera resolución judicial del Juzgado de Instrucción número 4 de Ferrol, que acordó la nulidad de las escuchas telefónicas en las que se basó la investigación, por considerar que restringían, de forma «innecesaria», el derecho a la intimidad de los imputados.
Cortizas ha solicitado en un encuentro con los medios para dar a conocer la resolución judicial, y para que «no haya más malas interpretaciones», aunque ha admitido que el proceso les repercutió negativamente y, por tanto, será difícil que se les reponga «el daño hecho».
En un auto judicial de once páginas, fechado el 19 de junio y notificado a las partes en las últimas horas, en el que el magistrado ferrolano Pablo José García Suárez considera que las intervenciones telefónicas que dieron origen a la investigación que desembocó en la detención de cuatro personas en diciembre del 2007 y la imputación de otras cinco, se basó «en meras sospechas y no en indicios incriminatorios de delito».
La operación Virgin comenzó en mayo del 2007, coordinada por la Unidad de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil, a instancias de la Fiscalía.
En junio, un auto autorizó las escuchas de los teléfonos de los hermanos Pedro y Julia Cortizas, del estudio Xcale de Fene, y de la aparejadora municipal del Ayuntamiento de Mugardos, Carmen Piñeiro.
En diciembre, los tres fueron detenidos junto con el policía local Ovidio Torrente, imputados por varios supuestos delitos, como tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, y salieron en libertad con cargos dos días después.
Varias personas más, entre ellas, algunos constructores fueron imputados, además del propio regidor de Mugardos, Xosé Fernández Barcia, al que se le atribuyó un posible delito de prevaricación a favor del municipio.
«No tenían relevancia como para adoptar semejantes medidas» ha señalado hoy el letrado Ricardo Pérez-Lama, si bien, reconoce «que el proceso no ha culminado».
La anulación de las primeras escuchas y las pruebas que se obtuvieron posteriormente, no supone que se paralice la querella de la Fiscalía, que estudia la posibilidad de recurrir el auto ante la Audiencia Provincial en los próximos días.
Fuente: La Voz de Galicia
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http://www.lavozdegalicia.es/ferrol/2009/09/17/0003_7976519.htm
