Un juzgado de Ferrol condena a Lidl a indemnizar con 50.000 euros a 76 empleados de la plataforma logística de Narón por obstaculizar una huelga

El Juzgado de lo Social número 2 de Ferrol ha dictado sentencia contra Lidl Supermercados obligando a la cadena a abonar 50.000 euros en concepto de indemnización a un grupo de 76 trabajadores de su plataforma logística en Narón. La magistrada considera que la compañía vulneró el derecho fundamental a la huelga durante el paro indefinido que se desarrolló entre febrero y mayo de 2023.

Según el fallo, Lidl recurrió a una práctica conocida como «esquirolaje organizativo», al redirigir parte de la actividad del almacén gallego a otros centros logísticos —como los de Nanclares de Oca (Álava), Alcalá de Henares, Sevilla o el País Vasco— con el objetivo de reducir el impacto del paro. El tribunal entiende que esta maniobra carecía de una justificación técnica o productiva legítima y perseguía únicamente neutralizar los efectos de la huelga convocada por la CIG, que reclamaba el cumplimiento del convenio en materia de horas extraordinarias.

JOSÉ PARDO

La jueza destaca que la empresa mantuvo esta estrategia incluso después de una primera condena en mayo de 2023, cuando ya se había sancionado a Lidl con 25.000 euros por daño moral colectivo al sindicato. Los testimonios y documentos analizados confirmaron que la distribución de mercancías hacia supermercados de Galicia, Asturias y León continuó realizándose desde otras plataformas hasta el final del conflicto, el 21 de mayo de 2023.

La resolución reconoce un daño moral individualizado a los 76 empleados afectados, cuya compensación se repartirá en función de los días que cada uno participó en la huelga —entre 78 y 96 jornadas—. En cambio, la jueza rechaza el abono de salarios y cotizaciones de los días de paro, al entender que la pérdida retributiva forma parte del ejercicio legítimo del derecho de huelga, conforme a la doctrina del Tribunal Supremo.

La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Fuente: La Voz de Galicia