Un drama familiar de locura
«Muestran un continuo afán por obstaculizar: nos han llegado a enviar informaciones sobre el caso en inglés y francés y el abogado ha tenido que contratar traductores para saber lo que ponía; es un sentimiento perpetuo de frustración», relata Óscar Fanjul, hijo y hermano de los fallecidos leoneses por la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob en el 2008 al consumir carne infectada. Les han pedido que prueben incluso el día y el lugar del contagio.
José Emilio Fanjul Terrado falleció en el Hospital Universitario de Salamanca el 7 de febrero del 2008, a los 41 años de edad. Presentaba todos los síntimas de la enfermedad de Creutzfeld-Jakob, hecho que confirmó después la autopsia. A las pocas semanas, su madre, Sagrario Terrado Majua, de 64 años, comenzó a sufrir los mismos episodios de pérdida de memoria, cambios de comportamiento, movimientos involuntarios y debilidad que había padecido su hijo. «Todo fue exactamente igual, pero tenemos informes médicos que no vinculan la sintomatología de mi madre con la enfermedad que había matado a mi hermano. Nada era concluyente para ellos», narra Óscar Fanjul, hermano e hijo de los fallecidos por la variante humana del mal de las vacas locas , único caso en el mundo en el que dos miembros de un mismo clan familiar fallecen por este motivo. «Nos encontramos con dificultades, mentiras y trabas por todos los sitios», añade.
La respuesta mediática que desencadenó la confirmación de estos casos provocó promesas de todo tipo. La Junta se ofreció para realizar pruebas médicas al resto de miembros de la familia -««hablando mal y pronto, estábamos acojonados»-«, pero a día de hoy no han recibido ni una sola llamada para realizar un seguimiento de la enfermedad. «No hemos encontrado a nadie que nos apoye, ni siquiera nos han hecho un estudio médico».
Esperaron unos meses, pero el silencio de las administraciones les obligó a actuar para exigir responsabilidades. «La realidad es que demandas a cualquier institución y es como plantear una guerra contra el sistema», sostiene Fanjul. En octubre del 2008, cuatro meses después de fallecer el último miembro de la familia, los Fanjul contrataron a uno de los abogados más reputados del país, el gallego Ricardo Pérez Lama, un teniente coronel en excedencia voluntaria del Cuerpo Jurídico Militar especializado en la protección al menor y a la mujer, y anunciaron una primera demanda contra la Junta de Castilla y León como presunta responsable de una negligencia en el fallecimiento de los miembros de esta familia. «Sólo buscábamos una responsabilidad administrativa, pero la Junta se quitó todo de encima». «Lo que más nos indigna -«lamenta Óscar Fanjul-» es que se ofrecieron para todo lo que nos hiciera falta y cuando les pedimos ayuda nos dicen que leches».
Se da la circunstancia de que la familia, según se da por probado en los hechos de su demanda, llevó a la madre al servicio de Urgencias del Hospital de León hasta en seis ocasiones. «¿Sabes lo que nos decían? Pues que mi madre estaba mejor en casa». El hijo de Sagrario había fallecido en enero del 2008 y en abril de ese mismo año ella comenzó a sufrir síntomas evidentes de la misma enfermedad. «La ingresaron y falleció a los 20 días. Y decían que estaba mejor en su casa…».
Las primeras reclamaciones . Después del drama llega la odisea. Tras la despreocupación de la Junta y del Estado, el abogado de la familia registró una reclamación por la vía del contencioso-administrativo ante la Consejería de Presidencia de Castilla y León y ante el Ministerio de Presidencia. La primera, ya en marzo del 2009, informó a la familia de que el caso pasaba a manos de la Consejería de Administración Autonómica, que es la que tendría las competencias en este tipo de reclamaciones. En el mismo o parecido sentido respondió la Vicepresidencia del Gobierno, que trasladó el expediente al Ministerio de Sanidad y Consumo. En diciembre del 2009 -«ya ha pasado casi un año y medio desde el último fallecimiento-«, la familia Fanjul se dirige a la Audiencia Nacional para tramitar un recurso de súplica y continuar el proceso de la reclamación patrimonial, archivado por presunto silencio administrativo, es decir, por falta de respuesta. El documento es mucho más amplio, pero subraya dos puntos clave: tanto a Junta como a Estado se les considera responsables patrimoniales por el principio de indemnidad y se duda de que la Audiencia Nacional devuelva el caso al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
Ante esta maraña judicial y administrativa, los familiares, desechos, decidieron presentar una demanda formal en la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional el pasado 3 de mayo. Piden medio millón de euros a la Junta y al Estado como responsables del fallecimiento de José Emilio y Sagrario.
