Solicitan el sobreseimiento del caso Torre respecto a Albanese y al exinterventor municipal
Alberto Pérez San Martín. Lama y Asociados
Diario de Ferrol.
La representación letrada de la empresa Albanese y del interventor municipal Manuel Vázquez Méndez, ejercida por el abogado Ulises Bértolo, presentó ayer en el Juzgado de Instrucción número 3 de Ferrol sendos escritos solicitando el sobreseimiento libre, y subsidiariamente provisional, respecto a sus defendidos, en la causa abierta a raíz de la denominada operación Torre por supuestas irregularidades en contrataciones de obras por parte del Concello.
En el caso de Albanese SL, señala que la imputación de la administradora de la empresa, Dolores Fernández Rico, se debe única y exclusivamente a haberse deducido, por parte del anterior instructor, el magistrado Morán Llordén, que la citada sociedad podía estar emitiendo facturas falsas, dobles o irregulares. Añade que, por esa razón, el juez consideró la posibilidad de que existiera una presunta trama en el Concello de Ferrol para cometer delitos contra la Administración Pública, así como otros de falsedad, de la que formarían parte su representada.
Pues bien, en el presente escrito se alude al recurso de reforma de la Fiscalía de 27 de enero de 2012 contra las intervenciones telefónicas acordadas por el Juzgado, en el que se afirma que en la declaración prestada por el actual interventor Vicente Calvo del Castillo “en ningún momento se refiere que tales facturas puedan ser falsas”, por lo que el fiscal añade “entendemos que la simple irregularidad manifestada no puede entenderse en ningún caso como un indicio de la comisión de un delito de falsedad”.
En cuanto a los supuestos fraccionamientos del contrato, la Fiscalía señalaba en ese mismo recurso que “las posibles irregularidades administrativas en el proceso de contratación por sí solas no son constitutivas de ilícito penal”.
El abogado Ulises Bértolo añade, además, que de las diligencias practicadas se desprende que los extremos que plasmó en en su auto el anterior instructor “quedan totalmente desvirtuados y queda demostrado sin ningún género de dudas la ausencia de participación de la gerencia de Albanese en ninguna supuesta trama, así como que su actuación en ningún caso puede considerarse ni irregular ni menos aún delictiva”.
En este sentido, precisa que está creditado que las facturas que expedía la firma se ajustaban exactamente con los pedidos o vales del Concello, que eran los documentos en los que se especificaba el encargo por el negociado correspondiente, no dependiendo en ningún caso de ella la especificación de dichos pedidos y, por lo tanto, ningún hipotético fraccionamiento del contrato.
Añade que el Concello de Ferrol genera unas 9.000 facturas al año y que las de Albanese podían ser únicamente 200 ó 250, por lo que, según apostilla, no es cierto que esta empresa hubiese copado la práctica totalidad de los contratos del Ayuntamiento.
A este respecto, precisa que los reparos puestos en su día al pago de las facturas lo fueron por falta de crédito y no por ninguna irregularidad de las mismas.
En resumen, en el escrito presentado ayer se indica que la administradora de Albanese ajustó siempre su facturación a los encargos que le iba haciendo el Concello, que ese modelo de contratación a través de vales o pedidos se sigue manteniendo en la actualidad y que las facturas de la empresa fueron aprobadas por el pleno de la corporación. De hecho, puntualiza que el 31 de mayo de 2012 el pleno reconoció la procedencia de abonar facturas atrasadas a Albanese por importe de nada menos que 634.294,65 euros, que fueron saldadas a través del conocido como decreto de pago a proveedores. Esto demuestra, según el abogado, que las facturas superaron todos los controles administrativos, “por lo que no existen ni conductas típicas ni trama alguna”.
En el caso del anterior interventor municipal, Manuel Vázquez Méndez, la argumentación en la que se fundamenta la solicitud de sobreseimiento es similar a la del caso de Albanese. Así, se apunta que, tras las diligencias practicadas, queda demostrada la ausencia de participación de su representado en ninguna supuesta trama y la ausencia de actuaciones irregulares o delictivas. En este sentido, se señala que consta acreditado que sus funciones como interventor implicaban la comprobación de la existencia de crédito en el sistema oficial, que estuviese actuando el órgano competente y que se contase con los informes preceptivos favorables en cada caso.
El propio imputado declaró en su momento que no estaba en condiciones de detectar un supuesto fraccionamiento de contrato, máxime desde que en 2008 se instauró la Oficina Presupuestaria. Se especifica, además, que cuando salieron a la luz las facturas impagadas de Albanese es porque estaban sin fiscalizar en 2011 y Vázquez estaba jubilado desde octubre de 2010.
