El Estado tuvo pagar 20 millones de pesetas por el asesinato de la niña Maruchi Rivas
Ricardo Pérez Lama. Lama y Asociados.
La Voz de Galicia.
El asesinato de la niña Maruchi Rivas en Vilalba, en el otoño de 1992, conmocionó a media España. El autor de los hechos raptó en Goiriz a la chiquilla de 9 años, la violó y luego la apuñaló. Hizo eso porque disfrutaba de un permiso carcelario. El letrado ferrolano Ricardo Pérez Lama, que representaba a la familia de la víctima, entabló un proceso civil para exigirle responsabilidades al Estado por haber concedido permiso al preso.
Seis años más tarde, en 1998, dieron la razón al letrado y el Estado fue declarado responsable patrimonial. Tuvo que indemnizar a la familia con veinte millones de pesetas. «Este fallo crea jurisprudencia», declaró en su día el abogado, quien advirtió que la decisión del Supremo era «la primera piedra para que los condenados por hechos violentos no obtengan la libertad condicional con ligereza, o si la obtienen, se pongan los medios precisos para controlarla». El autor de los hechos quedó en libertad hace un par de años
