Las defensas de Porto y Basterra piden al tribunal que dé ejemplo y anule la instrucción
Ricardo Pérez Lama y Rocío Beceiro González. Lama y Asociados.
Diario de Ferrol.
Los abogados de los padres de Asunta Basterra alegaron ayer la vulneración de derechos fundamentales para pedir la nulidad de las diligencias de instrucción del caso que investiga la muerte violenta de la niña, y pidieron “ejemplaridad y contundencia” al alto tribunal gallego en su resolución.
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) acogió ayer la vista para resolver los recursos presentados contra el auto resolutorio de cuestiones previas del procedimiento abierto por la muerte de la menor, en septiembre de 2013.
Sus padres, la abogada Rosario Porto y el periodista Alfonso Basterra, permanecen encarcelados en el penal de Teixeiro acusados del asesinato de su hija.
El letrado de Rosario Porto, José Luis Gutiérrez Aranguren, solicitó la nulidad de la instrucción al pedir que se anulen las diligencias por vulneración del derecho a la defensa, a un juicio justo y a un juez imparcial, y al mismo se adherió la defensa de Alfonso Basterra, ejercida por Belén Hospido.
Gutiérrez Aranguren sostuvo durante la exposición de sus argumentos que el juez instructor del caso en Santiago, José Antonio Vázquez Taín, vulneró el derecho de su patrocinada a un juicio “imparcial y justo” y realizó una “instrucción direccionada” y con filtraciones, lo que calificó de comportamiento “indefendible”.
Incluso se “intentó el linchamiento de los propios imputados que no fueron más allá por las fuerzas de seguridad lo impidieron”, dijo al referirse al despliegue policial y mediático que supuso una “presión ambiental tremenda”.
Además, recriminó el “posicionamiento clarísimo” e “inquisitorial” del juez de instrucción, que incoó “de forma tardía la Ley del Jurado” y debía haberse realizado “sin dilaciones y oscurantismos”, y las grabaciones en calabozos se realizaron “a espaldas a la defensa” en circunstancias “dramáticas y patéticas”.
En su opinión, el juez debe tener una visión “objetiva y equidistante” porque “no todo es lícito en la búsqueda de la verdad”, y en lugar de “análisis ejemplarizantes” este caso cobró “dimensiones absolutamente fuera de todo control y de toda razón” pues, “desde el minuto cero de investigación, todo fue público para la ciudadanía”.
Hubo “contaminación”, recriminó Aranguren, quien consideró nulo de pleno derecho el auto de prisión de Porto y manifestó en este sentido que hubo una “influencia tremenda por la presión de toda la ciudad de Santiago”.
Este fue el primer punto al que se refirió la abogada de Alfonso Basterra para insistir en que el auto de prisión era “nulo radicalmente” y por ello “la normalización posterior no subsanaba ese hecho” por el que se “vulneraba el derecho de libertad” de su cliente y, por consiguiente, de Rosario Porto.
Belén Hospido dijo ayer que la “gravedad” del caso “no justifica que se vulneren las normas de procedimiento”, porque “se han producido actuaciones judiciales que no eran legales” y “el fin no justifica los medios”.
Gravedad
Desde el Ministerio Fiscal se apuntó a la “gravedad” de los hechos que motivaron unas investigaciones en las que “es admisible” intervenir los teléfonos cuando se puede estar ante un asesinato, y rechazó que de la nulidad de escuchas en los calabozos se derive “nulidad de todo lo demás”.
Según el fiscal Jorge Fernández, dichas escuchas “no fueron tenidas en cuenta para el ingreso en prisión” de Porto, ni impulsaron la dirección del procedimiento, ni de ellas se infirió tampoco “ninguna diligencia posterior”.
Sobre la supuesta “contaminación” del juez, señaló que “el juez que instruye no es el juzgador” y, en relación al retraso en incoar la Ley del Jurado, indicó que “adecuar el procedimiento no genera nulidad” del mismo y sería “imprudente e inadecuado” aplicarla desde el inicio.