Asistencia jurídica y defensa procesal de los intereses de las Administraciones Públicas (Concellos, Entes públicos Autónomos…) en todos los ordenes jurisdiccionales; emisión de informes y dictámenes, redacción de convenios y conciertos en los ámbitos urbanístico, medioambiental, gestión de personal, contractual, patrimonial y de dominio público de la Administración.