La Xunta tiene que indemnizar al padre de Óliver por la muerte de su esposa e hijo
Ricardo Pérez Lama. Lama y Asociados
Diario de Ferrol.
Tras más de doce años de intensa lucha, Manuel Bouza Dopico acaba de ganar ahora una batalla que inició a raíz de la muerte de su hijo, Óliver Bouza, a manos de su esposa, que después se quitó la vida. La tragedia ocurrió el 20 de marzo de 2000 en el barrio naronés de A Solaina, pero, tal y como señala ahora el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), “el fatal desenlace se venía anunciando desde hacía tiempo”.
Óliver Bouza, menor de edad, padecía un trastorno grave de tipo agresivo, motivo por el que la Consellería de Familia había asumido su guarda, toda vez que los informes de diferentes técnicos desaconsejaban que viviera con sus padres, ante el peligro que ello representaba.
Tras varios internamientos en diferentes centros, la Xunta levantó la medida de guarda, entregando el menor a sus progenitores, bajo el argumento de que las circunstancias habían variado y la administración autonómica no disponía de una instalación adecuada para este tipo de enfermos.
Poco tiempo después, la madre acabó con la vida de su hijo y después se suicidó. El padre, representado por el gabinete ferrolano Lama y Asociados, emprendió entonces una batalla judicial sin tregua, que dio como resultado una primera sentencia desestimando su reclamación patrimonial en la que incluso se le culpaba de no haber colaborado en el cuidado del hijo, responsabilizándolo, en cierto modo, del trágico final del menor y de su esposa.
El fallo fue recurrido por el letrado Ricardo Pérez Lama y el Tribunal Supremo lo anuló, cuestionando el hecho de que la Consellería de Familia y Sanidad no hubiese explicado qué cuestiones habían variado para que se levantase la medida de guarda del menor.
El TSXG retomó el recurso y reclamó, de nuevo a la Xunta, una explicación al respecto, sin que esta se produjese.
Y ahora llegó la esperada sentencia, en la que el Tribunal gallego estima en parte el contencioso interpuesto por Manuel Bouza contra la resolución por la que se le denegaba la reclamación de responsabilidad patrimonial y la anula, declarando que “la administración viene obligada a satisfacer al actor, en concepto de daño moral por la pérdida de su esposa y su hijo, la cantidad de 36.000 euros”.
Según manifestó ayer Manuel Bouza a este periódico, la cantidad es lo de menos, ya que con que solo le hubiesen concedido un euro se hubiese sentido satisfecho.
Se trata, principalmente, de que “se haga justicia, que se reconozca que la responsabilidad era de la administración y de este caso sirva de ejemplo, para que nadie más tenga que pasar nunca por lo que yo pasé”, apuntó.
A este respecto, su abogado, Pérez Lama, manifestó que todavía queda abierta otra vía para la reclamación por los daños psicológicos sufridos, pero que Manuel ya se da por satisfecho con la presente sentencia.
