Algunos imputados declararon por videoconferencia ante el juez

La Audiencia provincial confirma el archivo del caso Virgin sobre corrupción urbanística en Mugardos

La Audiencia ha dado la razón al juez instructor y confirma el sobreseimiento de la causa judicial que investigó una supuesta trama de corrupción urbanística en Mugardos. Estuvieron imputados la aparejadora municipal, un estudio de arquitectos privado de Fene, gestionado por dos hermanos, un agente de la Policía Local mugardesa y el propio alcalde, Xosé Fernández Barcia (BNG). Había otros actores secundarios en la supuesta trama. El motivo principal del carpetazo al asunto es la anulación de las escuchas telefónicas en que se basó todo el proceso y que eran la base de las diligencias penales incoadas por supuesto tráfico de influencias y otros delitos.

Registros y detenciones

Las detenciones y registros practicados por una unidad específica de la Guardia Civil que se estrenaba con esta causa (de ahí el haber bautizado la operación como Virgin), en el año 2007 habían dado gran espectacularidad al asunto. Pero la investigación, al margen de la tacha jurídica ahora esgrimida, partió viciada porque hubo filtraciones de los autos secretos del juez que autorizaban las intervenciones telefónicas y que llegaron a manos de parte de los investigados. De manera que algunos sabían que sus teléfonos estaban intervenidos. Por este motivo existe otra causa penal abierta contra una funcionaria judicial.

La Audiencia, en todo, caso, concluye que no había fundamento suficiente, como exige la jurisprudencia del Tribunal Supremo, para autorizar estas escuchas, al margen de lo que luego las mismas pusieron de manifiesto. El fiscal había recurrido el sobreseimiento pero se desestimó.

Las diligencias se incoaron tras una querella del fiscal especial de patrimonio y delitos urbanísticos de Galicia, Roma Valdés, que había recibido diversa documentación entregada por el grupo de Esquerda Unida. Rama imputó delitos de tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.

Curiosamente ha sido el juzgado instructor que autorizó las escuchas el que luego anuló el auto que las permitía. La Audiencia dice que se pudieron utilizar otros medios para la investigación inicial, diferente a las escuchas, «una medida tan restrictiva» de las libertades de los implicados. Porque, añade, no se pueden justificar «de manera genérica» pero luego nada concreto se especificó de los indicios y responsables de los supuestos delitos aludidos.

La Voz de Galicia/ Ferrol