La familia leonesa afectada, en una foto de archivo de 2009.

El único caso del mundo en el que madre e hijo murieron por la enfermedad

Ricardo Pérez Lama. Lama y Asociados

Reclama que no se desestimen las pruebas aportadas contra el Estado.

www.diariodeleon.es La familia leonesa afectada por el mal de las vacas locas ha presentado recurso de súplica ante la Audiencia Nacional contra el auto que desestimaba, por considerar «innecesarias», determinadas pruebas presentadas por la defensa. Así lo comunicó el abogado encargado del caso, Ricardo Pérez Lama, que consideró que se está provocando «una indefensión» en el caso al rechazar numerosas pruebas documentales y testificales.

Pérez Lama informó de que en la actualidad se está a la espera de la respuesta al escrito presentado después de que se desestimaran «multitud de pruebas», algo que lamentó por producirse además con un argumento «increíble», ya que el auto «no motiva la desestimación de la prueba», sino que únicamente se argumenta que se trata de pruebas «innecesarias».

Por este motivo, la defensa ha impugnado la resolución, algo de lo que ya se ha informado a la Abogacía del Estado y de la Comunidad de Castilla y León. Y es que a juicio de Pérez Lama, esta decisión provoca una «indefensión», porque ratificó que, aunque fue desde el año 1994 cuando se estableció la prohibición de alimentar al ganado bovino con pienso, este hecho se continuó haciendo y hasta el año 2000 los controles «brillaban por su ausencia».

Sin embargo, lamentó que no se esté dando acceso a la «mayor parte» de las pruebas documentales que demostrarían que las inspecciones «brillaban por su ausencia» o pruebas testificales como la de Fernando Riaguas para dejar claro que la vigilancia «era inexistente», añadió.

Vía adicional. Dado que la Sala ha admitido la prueba consistente en la aportación a los autos de la solicitud de reconocimiento de la situación epidemiológica española en relación con las EET, la defensa entiende que existe «una vía alternativa adicional» de acreditar el conocimiento que las autoridades españolas tenían acerca del hecho de que, entre 1980 y 1989, España importó 4.000 cabezas de ganado vacuno desde el Reino Unido, de las que 161 habían nacido después del 1 de enero de 1985, y que de ellos 56 fueron sacrificados a una edad en la que «sólo se estaban acercando al final del periodo de incubación normal», en el supuesto de que estuvieran infectados antes de la exportación.

A juicio de la defensa de la fa,ilia leonesa, eso explicaría la «inanidad» de las prohibiciones acordadas a partir de 1996 en relación con la entrada de piensos y harinas de origen animal procedentes de otros Estados miembros, así como los 779 focos de encefalopatía espongiforme bobina detectados en animales nacidos en explotaciones ganaderas españolas desde 2000 hasta hoy.

La defensa considera que la pertinencia de la declaración de los familiares de los fallecidos por el mal de las vacas locas obedece a la «necesidad de conocer en qué condiciones respondieron a las preguntas de las encuestas epidemiológicas realizadas en relación con los hábitos alimentarios de sus familiares enfermos», encuestas a las que se refieren ciertos informes a partir de los cuales concluyen que «frente a lo ocurrido en el resto del mundo, en España, la EEB es consecuente a la variante de la enfermedad de Creutzfeld-Jacob y no su antecedente necesario».