Manuel Bouza Dopico, a la derecha, con su abogado, Ricardo Pérez Lama J.Meis

El TSXG insta a la Xunta a pagar al padre de Oliver Bouza en treinta días

Ricardo Pérez Lama. Lama y Asociados

Diario de Ferrol.

Manuel Bouza Dopico continúa esperando a que la Xunta dé cumplimiento a la sentencia firme (de 31 de octubre de 2012) en la que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ordena que se lo indemnice con 36.000 euros, en concepto de daño moral, por las muertes de su mujer y de su hijo. Tras recurrir de nuevo a este tribunal, a través del bufete de abogados Pérez Lama, el TSXG ha dictado un auto en el que ordena a la administración la ejecución forzosa de la sentencia en el plazo improrrogable de treinta días. Si no lo hace, se podrán adoptar medidas como la imposición de multas de 150 a 1.500 euros a las autoridades, funcionarios o agentes, además de la deducción de testimonio de particulares (iniciando así nuevas diligencias) para exigir responsabilidad penal.

Es el penúltimo peldaño de un proceso de más de una década a través del cual Manuel Bouza reclama daños tras la muerte de su hijo Oliver a manos de madre, el 20 de marzo de 2000, y el posterior suicido de esta. El suceso puso fin a un largo proceso, desde que, en 1993, se le diagnosticase a Oliver Bouza, nacido en 1982, “un trastorno de conducta tipo agresivo y retraso mental”, según consta en los hechos probados de la sentencia del TSXG. Pocos días después la Consellería de Traballo e Asuntos Sociais asumió la tutela del menor y acordó su internamiento, que se realizó durante unas semanas en el Hogar Nuevo Futuro y, desde el 25 de mayo de 1993, en el centro Sotomayor de Ferrol. Los expertos desaconsejaron el contacto con su familia hasta que, pasados dos años, se inicia un régimen de visitas de fin de semana. En sucesivos informes médicos se recalca la imposibilidad de su regreso a casa y se incide en el mayor riesgo que suponen sus episodios violentos según se desarrolla físicamente.

En 1997 la Consellería deja sin efecto la tutela y asume la guarda de Oliver pero en mayo de 1999 anula esta última resolución y, aunque reconoce que el régimen de internado en un centro educativo es lo idóneo para el menor, especifica que debe residir con sus padres ya que la administración no puede dar respuesta a estas necesidades. Así, da de baja al menor en el centro Sotomayor. Tras un período de internamiento en el área de Psiquiatría del Arquitecto Marcide, Oliver Bouza, a partir del 28 de enero de 2000, pasa a ser atendido en el Centro de Día. El 20 de marzo de ese mismo año, su madre acabó con su vida.

La sentencia del TSXG, del mes de octubre pasado, tilda de “anormal funcionamiento” la actuación de la administración en este caso, “haciendo dejación de sus oblicaciones” y provocando “el siempre desaconsejado retorno de Oliver Bouza al domicilio familiar y, con ello, creando una situación insostenible entre madre e hijo” que solo podía concluir de forma luctuosa.

Finalmente se estima una indemnización de 36.000 euros por daños morales, aunque no los 250.000 que reclamaba Manuel Bouza, ya que para la reclamación de daños psíquicos todavía no se ha agotado la vía administrativa