El Supremo anula sentencia del TSJG sobre caso Oliver y obliga repetir juicio
Noticias EFE
Ferrol, 3 mar (EFE).- El Tribunal Supremo ha anulado la sentencia dictada en 2005 por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG) que daba la razón a la Xunta y obliga a repetir el juicio del caso de Oliver Bouza, el joven esquizofrénico que en el año 2000 fue asesinado por su madre, María Casal, que posteriormente se suicidó.
El padre de Oliver, Manuel Bouza, y su abogado, Ricardo Pérez Lama, ofrecieron hoy una rueda de prensa en un despacho ferrolano para anunciar la decisión del Tribunal Supremo, que estima que se produjo una situación de «indefensión» y ordena la reposición de las actuaciones, que en la práctica, supone repetir el juicio.
El fallo llega como consecuencia de una sentencia del TSJG que fue recurrida por la defensa de Manuel Bouza, quien demandó a la Xunta de Galicia y reclamó una indemnización patrimonial de 250.000 euros por la pérdida de su esposa e hijo hace ahora diez años.
El padre culpó a la Xunta de Galicia de lo ocurrido por no haber internado al hijo en un centro de atención especializada, pues la madre había denunciado en varios foros que se sentía desamparada por las administraciones.
El trágico suceso ocurrió el 20 de marzo del 2000 cuando Oliver Bouza Casal, un joven de 17 años con trastorno de conducta violenta, fue asesinado a cuchilladas por su madre, María Casal, en su casa.
Tras asumir la autoría de la muerte en una nota, la mujer se quitó la vida en una playa de Covas, mientras que el cadáver del joven fue hallado por su padre, taxista de profesión, al regresar a su casa del barrio de A Solaina, Narón.
La Xunta ostentó la tutela del joven entre 1993 y el 1999, pero ese año devolvió la custodia a sus padres argumentando que no disponían de recursos ni medios para atender el caso.
Meses después, la madre atormentada por una situación que escapaba a su control, acabó con la vida de su hijo y la suya propia, y el padre demandó a la administración gallega reclamando una compensación de un cuarto de millón de euros por la pérdida familiar.
Manuel Bouza volvió a señalar hoy que el «único culpable» de los hechos es la Xunta de Galicia y recordó que la sentencia del TSJG sugería su responsabilidad en lo ocurrido por ausentarse de su casa.
«Tengo pasado un mes sin ir a mi puesto de trabajo. ¿Qué más podía hacer?», se quejó.
Por su parte, el letrado señaló que la Administración «tiene el deber de asumir la tutela cuando constata una situación de desamparo de un menor y adoptar todas las medidas de protección necesarias».
Pérez Lama comparó el caso de Oliver con otro más reciente, el niño de Ourense que sufría obesidad mórbida, y las numerosas medidas que adoptó la administración autonómica para velar por la salud del menor. EFE
