El Estado deberá pagar por el crimen de un preso en libertad condicional
El Tribunal Supremo hace responsable de su vigilancia a la Administración
FERROL.- Sucedió hace seis años en Vilalba (Lugo). Por entonces, un penado en libertad condicional raptó, violó y asesinó a una niña de 9 años, María del Carmen Rivas López, Maruchi. No se trataba de uno más de los crímenes o sucesos de la Galicia profunda, sino de un preso en libertad condicional que había vuelto a delinquir y al que las autoridades no estaban vigilando.
Ayer, sus padres y el abogado de los mismos Ricardo Pérez-Lama, hacían pública la sentencia dictada por la sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, que ha ratificado el Tribunal Supremo, y que condena al Ministerio del Interior a indemnizar con 20 millones de pesetas a los padres de Maruchi, Ernesto Rivas e Isabel López.
Se trata del primer caso en la Justicia española en el que el Estado es condenado patrimonialmente a indemnizar al ciudadano por la reincidencia en el delito de personas en situación de libertad condicional. Si bien la sentencia de la Audiencia Nacional era firme, ahora el Tribunal Supremo la ha ratificado por no haberse presentado el recurso ante la sentencia, anunciado en su momento por parte del Ministerio del Interior.
El asesino, José María Real López, cuando violó y mató a Maruchi Rivas se encontraba en libertad condicional tras cumplir la mitad de una condena de 12 años por la violación de otra menor en 1985. Por el rapto, violación y posterior asesinato, con un machete de carnicero, de Maruchi, José Real cumple ahora otra condena de 56 años de prisión.
DELITOS MENORES.– José María Real López, calificado médicamente como psicópata, había cumplido seis de los 12 años que se le impusieron por violar a una menor. Había viajado sin notificarlo a la Justicia, e incluso había cometido delitos menores antes de toparse con Maruchi en la parada del autobús escolar.
La importancia de esta sentencia radica en que, a partir de ahora, los ciudadanos podrán acogerse a la jurisprudencia para denunciar al Estado en el caso de resultar afectados por delitos cometidos por presos en libertad condicional, situación que hasta el pasado mes de mayo era una causa perdida.
Para Ricardo Pérez Lama, representante legal de la familia Rivas, «esta sentencia supone un antes y un después, porque sienta un precedente judicial. Es la primera piedra para que los condenados por delitos violentos no disfruten, a la ligera, de los beneficios penitenciarios de libertad condicional o, si la obtienen, sean debidamente vigilados y tutelados».
«Fundamentamos la petición», continúa el letrado, «por una parte, por el funcionamiento anormal de la Administración Penintenciaria, manifestado en el incumplimiento de la obligación impuesta a la Comisión de Asistencia Social Penitenciaria (CASP) en el artículo 65 del Reglamento Penitenciario vigente entonces (hoy artículo 200) de vigilancia y tutela del liberado condicional hasta el cumplimiento definitivo de la condena o revocación de la condicional».
Lo que deja claro ahora la ratificación del Supremo en la sentencia de la Audiencia Nacional es que la CASP no cumplió el mandato legal, al no tomar en consideración las circunstancias particulares del penado, condenado por violación, psicópata y reincidente en otros delitos de diversa naturaleza. El centro penitenciario de Bonxe, en Lugo, calificó el caso con el pronóstico de «final dudoso».
PAPEL PASIVO.– Según el letrado Ricardo Pérez-Lama, el éxito de la sentencia se ha debido al «papel pasivo y testimonial» de Interior en este caso.
Según la sentencia de la Audiencia Nacional, «el Estado crea un riesgo», en palabras de Pérez Lama, «desde el momento en que pone en libertad anticipada a un liberado condicional. Si la persona liberada comete un nuevo delito, el Estado tiene la obligación de repararlo».
El proceso ha tenido en vilo a la familia durante estos seis años. Los Rivas son una familia humilde de O Francés, una pequeña parroquia de Lugo en cuyo centro escolar, el mismo al que Maruchi fue aquel negro día de septiembre, estudia ahora su hermano Fran.
«No me van a devolver a mi hija»
Isabel no cesa de atormentarse. «Hoy sigo echándome la culpa de lo que le pasó a mi hija. Creo que si hubiera ido a buscarla a la parada del autobús aún estaría viva».
Fran, de siete años, pregunta por su hermana. Sus padres le dicen que murió atropellada. No quieren que sepa la verdad hasta que crezca.
La familia estaba ayer contenta por la sentencia que condena al Estado a indemnizarles. «No me van a devolver a mi hija», decía Isabel, «pero es importante, ya que las administraciones públicas se olvidaron de nosotros por completo en todos los aspectos». Y a quienes la paran por la calle para decirle que con 20 millones pueden hacer muchas cosas, ella les responde: «Ojalá te los dieran a ti».
UNA PESADILLA DE SEIS AÑOS.– El 16 de septiembre de 1992, Maruchi Rivas fue raptada, salvajemente violada y asesinada con un machete. En la primera mañana de su día de colegio, la pequeña, de nueve años de edad, tuvo la mala suerte de toparse con un preso que se encontraba en libertad condicional. La desgracia conmovió a la tranquila localidad de Villalba (Lugo). Los restos mortales, semienterrados, fueron hallados en una zona boscosa cercana al pueblo donde vivía.
Más información relaccionada: http://www.lavozdegalicia.es/ferrol/2009/07/21/0003_7859219.htm
