El bufete Lama y Asociados defenderá a los accionistas y bonistas del Popular
Ricardo Pérez Lama y Alberto Pérez San Martín. Lama y Asociados.
Diario de Ferrol.
El despacho ferrolano de abogados Lama y Asociados, que dirige Ricardo Pérez Lama, defenderá los intereses de una treintena de accionistas y bonistas del Banco Popular que perdieron todo lo invertido con el hundimiento de la entidad y su posterior intervención para ser vendida al Banco Santander por un euro.
Se trata, según explican desde el bufete, de un procedimiento judicial sin precedentes en España y, prácticamente, en Europa. “Nos enfrentamos a uno de los casos más complejos técnicamente y, además, único en el derecho mercantil español”, reconoce Alberto Pérez San Martín, el otro abogado que se ocupa del caso junto a Ricardo Pérez Lama. Sus 9.800 folios –hasta el momento– también la convierten en una causa densa desde el punto de vista cuantitativo.
El despacho fue el primero, junto a otro de Madrid, en denunciar el caso ante la Fiscalía Anticorrupción –que asumió la acusación pública– y, desde entonces, ha seguido encabezando algunas bregas legales del procedimiento. La última, la petición asumida por el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional para pedir a la Junta Única de Resolución (JUR) que aporte a las diligencias el informe de Deloitte que sirvió para liquidar la entidad bancaria por insolvente.
Diversos perfiles
Además, la Fiscalía y el juzgado que se ocupa del caso estudian una propuesta realizada por el despacho para que se suspenda la vigencia de los créditos de los accionistas, ya que, recuerdan, “están pagando unos préstamos por algo que ya no tienen”.
Desde el despacho de Lama y Asociados explican que una gran parte de los afectados a los que defienden son de la comarca de Ferrol y casi la totalidad son gallegos. Los perfiles, señalan, son de los más variado: desde inversores bursátiles profesionales hasta jubilados que habían depositado los ahorros de toda su vida, pasando por pequeños ahorradores o jóvenes que invertían para pagarse un máster.
Las cuantías que han perdido todos ellos van desde los pocos miles de euros hasta los casi cuatro millones de algún empresario. “Lo que tienen en común es que se sienten engañados y burlados por un banco que consideraban de su confianza, el de toda la vida”, indica el abogado Alberto Pérez.
Un total de 57 acusaciones particulares y media docena de acusaciones populares ya se han personado en esta denuncia contra la excúpula del Popular. La demanda penal contra los exconsejos incluye delitos contra el mercado y los consumidores, estafa y administración desleal. En cualquier caso, explican desde Lama y Asociados, esperan que otras entidades como el propio Banco Santander, las auditoras que participaron en el proceso y el Estado respondan civilmente para poder, así, hacer frente a las posibles indemnizaciones a los afectados.
La causa todavía se encuentra en plenas diligencias y no será hasta que la Audiencia Nacional reciba todos los informes técnicos del caso cuando empiece el desfile de antiguos directivos del Popular.
El plazo en el que estiman este proceso tiene un horizonte de dos años, calculan desde el bufete ferrolano.
