Cientos de empresas y particulares están pendientes de que se celebre el juicio por el accidente de 1998.

El abogado Ricardo Pérez-Lama, cuyo despacho representa a las empresas Intasa (la fábrica de producción de aglomerado de San Sadurniño), Motorkar y otras, también formula acusación.

La madrugada del próximo martes se cumplen 11 años del accidente de la plataforma petrolífera Discoverer Enterprise . Fuertes vientos con rachas de más de cien kilómetros por hora hicieron que la enorme estructura de acero, que estaba atracada a un muelle de Astano, se soltase y quedase a la deriva. El barco-plataforma, que apenas sufrió daños merced al grueso acero de su casco, colisionó contra el puente de As Pías.

Todo su tablero acabó en el fondo del mar y la ciudad de Ferrol quedó casi incomunicada por tierra durante dos meses. Era la madrugada del 13 de enero de 1998. Cientos de empresas y particulares se vieron afectadas por estos problemas de comunicación y, desde entonces, todavía no se ha celebrado juicio.

La instrucción de la causa penal por posible negligencia de los mandos del astillero que la construyó ha seguido un tortuoso camino hasta la actualidad. El primer juez del caso, José Luis Aulet Barros, resolvió al poco tiempo que el asunto debía archivarse en la vía penal para dejar abierta la jurisdicción civil en la que ventilar las indemnizaciones. Pero la representante del Ministerio Fiscal de entonces consideró que era una decisión apresurada, sin elementos suficientes, y recurrió el auto de Aulet. La Audiencia le dio la razón a la fiscala y obligó al juez a continuar con la instrucción. Esta situación se reproduciría en varias ocasiones y, entre medias, se produjo el fallecimiento del jefe de movimiento de buques de Astano, una razón más para Luis Aulet en favor del archivo. Nuevamente no aceptado por la Audiencia.

En los últimos seis años estas posiciones han cambiado diametralmente porque el Ministerio Fiscal, actualmente, solicita el sobreseimiento, criterio que ha reiterado recientemente ante la jueza instructora que se ocupa en estos momentos de las diligencias.

Los que persisten

¿Quién mantiene viva, todavía, la acción penal? Entre otros, el letrado de la acusación particular que ejerce la empresa Arriva, línea de autobuses que reclama unos 600.000 euros y que imputa a Nicolás Sánchez Franco, jefe de línea de buque en aquellos momentos, y a Jesús Fernández Méndez, director del departamento de producción. A ambos los considera autores de un delito de estragos ocasionados por imprudencia y solicita para cada uno de ellos dos años y seis meses de prisión. El despacho Dikei Abogados, que ejerce esta acusación, estima que la restitución del tráfico rodado por el puente no se produjo hasta el 10 de marzo de 1998. Sugieren que, a pesar de las previsiones, no se reforzaron las amarras de la plataforma al muelle 11 de Astano.

La traída de agua

Pero Arriva no es la única empresa importante que persiste en la acción penal. El abogado Ricardo Pérez-Lama, cuyo despacho representa a las empresas Intasa (la fábrica de producción de aglomerado de San Sadurniño), Motorkar y otras, también formula acusación. Existen también instituciones personadas en la causa, como los concellos de Narón y Fene. Los municipios del sur de la ría que se abastecen de agua potable de la red de Ferrol, y cuya tubería discurre por un costado del puente, también quedaron sin servicio durante días, hasta que se restableció mediante una conducción provisional, primero, y definitiva, posteriormente.

Taxistas de las bandas norte y sur de la ría, gasolineras como la de As Pías, restaurantes e, incluso, algunas personas particulares, reclaman también indemnizaciones. Caso de cerrarse la vía penal, prioritaria, quedaría abierta la civil. Astano tenía concertada la póliza de seguros entonces con la compañía Musini. Ambas tendrán que responder de los daños.

Fuente: La Voz de Galicia 11/1/2009