Ricardo Pérez Lama. Lama y Asociados

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Manuel Bouza Dopico respiraba ayer más tranquilo, tras una larga batalla judicial en la que incluso se le llegó a recriminar que no colaborase con su esposa en el cuidado de su hijo Óliver, que padecía un trastorno de conducta tipo agresivo y retraso mental, hasta el punto de culpabilizarlo de un trágico desenlace que, según reconoció posteriormente el propio Tribunal Supremo, “desde hacía tiempo se venía anunciando”.

La Xunta de Galicia acaba de hacer efectiva la indemnización de 36.000 euros que le impuso el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia por responsabilidad patrimonial, cuyo abono tuvo que ser reclamado en varias ocasiones, ya que la sentencia fue dictada hace más de un año.

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Ricardo Pérez Lama. Lama y Asociados
Diario de Ferrol.

Tras más de doce años de intensa lucha, Manuel Bouza Dopico acaba de ganar ahora una batalla que inició a raíz de la muerte de su hijo, Óliver Bouza, a manos de su esposa, que después se quitó la vida. La tragedia ocurrió el 20 de marzo de 2000 en el barrio naronés de A Solaina, pero, tal y como señala ahora el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), “el fatal desenlace se venía anunciando desde hacía tiempo”.

Óliver Bouza, menor de edad, padecía un trastorno grave de tipo agresivo, motivo por el que la Consellería de Familia había asumido su guarda, toda vez que los informes de diferentes técnicos desaconsejaban que viviera con sus padres, ante el peligro que ello representaba.

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Ricardo Pérez Lama. Lama y Asociados

Diario de Ferrol.

La Sala de lo Contencioso Ad­ministrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) aca­ba de dictar una providencia soli­citando a la Consellería de Traballo e Benestar que informe sobre las modificaciones específicas que motivaron el levantamiento de la medida de guarda asumida res­pecto a Óliver Bouza y que acon­sejaron que el menor residiera con sus padres. Se trata del joven de Narón afectado por un trastorno grave de tipo agresivo que murió el 20 de marzo de 2000 a manos de su madre, que después se suici­dó por no poder cuidarlo.

Los informes que el TSXG re­quiere a la Xunta fueron solicita­dos por el gabinete ferrolano La­ma y Asociados, en representación del padre y esposo de los falleci­dos, Manuel Bouza Dopico, des­pués de que el Tribunal Supremo hubiese anulado en febrero de 2010 la desestimación de la recla­mación patrimonial interpuesta contra la Xunta y ordenase la re­posición de las actuaciones al mo­mento de la práctica de los medios de prueba acordados.

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El TSXG tendrá que abrir el trágico caso de Oliver Bouza diez años después.

El menor de Narón tenía una grave conducta violenta pero la Xunta «no se hizo cargo de la situación» ·· La madre lo mató y después se suicidó

El nuevo siglo se inició en Ferrolterra con un suceso marcado por la tristeza. María Casal, vecina de Narón, mataba a su hijo, pedía un taxi y cerraba el círculo tirándose al mar. La doble tragedia destapaba la impotencia de la mujer: su hijo Oliver Bouza padecía una lesión cerebral con graves brotes violentos. «Y la Xunta no quiso hacerse cargo de la tutela del menor, dejándonos desamparados», se lamentó el padre tras el drama. Diez años después, el Tribunal Supremo decide reiniciar el caso desde el principio. Y denuncia la «indefensión» de la familia antes de las muertes, debido a la escasa intervención autonómica. El Supremo anula la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y certifica que la Xunta no asumió la tutela del menor «porque carecía de recursos idóneos para afrontar su patología». En un fallo previo, el TSXG daba la razón al Gobierno autonómico y culpaba de los hechos «al padre por falta de diligencia y a la madre por perturbación psíquica». La resolución del Supremo retira la losa de culpabilidad que pesaba sobre Manuel Bouza, padre de Oliver y único superviviente. «Se cumple una década de la muerte de mi mujer y mi hijo, por ellos ya no podremos hacer nada pero sí espero que estos casos no se repitan», aseguraba ayer.

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