Medio centenar de vecinos de Ferrolterra, entre ellos, jubilados y empresarios, han resultado afectados por el presunto engaño

El Juzgado Central de Instrucción número 4 de Madrid, de la Audiencia Nacional, ha abierto una nueva investigación por la vía penal para dirimir un posible delito de asistencia financiera y ha llamado a declarar como investigados a personas que fueron altos cargos del Banco Popular. En esta causa, que se remonta al 2017, hay un colectivo de 45 personas afectadas, representado por el despacho Pérez Lama & Asociados, entre las que figuran empresarios, exempleados de banca y jubilados de Ferrolterra.

La operación conocida como asistencia financiera, explica el abogado Alberto Pérez Sanmartín, solo es admisible en casos tasados legalmente. Consiste en la facilitación por la sociedad de asistencia financiera a un tercero para la adquisición de sus acciones, o de acciones o participaciones de otra sociedad. Se trata, concreta Pérez Sanmartín, de “una vía para poder ampliar el capital” que está prohibida para los bancos porque no pueden negociar con sus acciones.

Según relata, “el Banco Popular amplió capital en 2016 y en vez de hacerlo de forma libre dio prestamos a clientes y a sus empleados”. Se abría así la posibilidad de que participasen en la asistencia financiera con prestamos que les da el mismo banco. “Esto ha generado que los inversores y los empleados se encuentran con un prestamos que sigue vivo y que está siendo objeto de reclamación y de pago, por unas acciones que ya no existen”, condena el letrado.

Concretamente, la Audiencia Nacional investiga las “instrucciones expresas” por parte de los altos cargos para que los accionistas y los empleados participasen en el proceso. “Tenemos gente con más de 400.000 euros de préstamo”, asegura. El que fuera director financiero de la entidad en 2016 cuando se produjo la ampliación de capital, Francisco Sancha y el director de Cumplimiento Normativo en ese momento, Juan José Rubio, declararán como imputados. Darán cuenta sobre si tomaron la cautela necesaria para evitar esa política.

Fuente: enfoques.gal