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Los motivos por los que El Chicle no podrá pedir el tercer grado al menos hasta el año 2039

Ricardo Pérez Lama y Ana Fernández Berini. Lama y Asociados.

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña ha fijado en 18 años el tiempo mínimo que tardará José Enrique Abuín Gey -agresor sexual y asesino de Diana Quer– en alcanzar la condición de preso en tercer grado. Este rango penitenciario implica permisos de salida, y que en su caso no podrían llegar al menos hasta el año 2039.

Abuín ha sido sentenciado a una pena de dos años y medio por narcotráfico; cinco por abordar, con fines sexuales, a una joven en Boiro, y a cuatro años y la prisión permanente revisable por el asesinato de la joven madrileña en A Pobra en el 2016.

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‘El Chicle’ deberá cumplir un mínimo de 25 años de cárcel antes de que le revisen la prisión permanente revisable por el caso de Diana Quer

La Audiencia de La Coruña analizó la fusión de las tres condenas firmes que tiene José Enrique Albuín Gey

José Enrique Abuín Gey, alias El Chicle, condenado a prisión permanente revisable por el asesinato con alevosía de Diana Quer y por un delito contra la libertad sexual de la víctima, deberá cumplir un mínimo de 18 años de cárcel para acceder al tercer grado penitenciario y 25 para solicitar la revisión de la condena y pedir una posible libertad.

Así lo ha establecido la sección sexta de la Audiencia Provincial de La Coruña tras analizar la posible fusión de las tres condenas firmes que tiene Abuín Gey en varias salas del tribunal provincial coruñés. En un auto establece que dos de ellas sí pueden unirse, pero no la tercera, anterior y de una naturaleza diferente, por tráfico de drogas.

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Caso Banco Popular

El juez investiga si el Popular financió de forma oculta a clientes para la ampliación de capital

Ricardo Pérez Lama y Alberto Pérez San Martín. Lama y Asociados.

El magistrado reclama documentación al Santander para comprobar si eso supuso que ofreciera al mercado «unos ratios de capital mejores de los reales»

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha reclamado diversa documentación al Banco Santander para investigar si el Banco Popular otorgó financiación a clientes de la entidad para la ampliación de capital en el año 2016 y si «de forma deliberada no la restó del capital regulatorio».

Según informa la Audiencia Nacional, el magistrado ha ordenado una investigación pericial para acreditar si «la entidad ofreció al mercado unos ratios de capital regulatorio mejores de los reales vulnerando conscientemente el principio de transparencia que preside el funcionamiento del mismo» mediante la financiación a clientes para conseguir liquidez para la ampliación de capital.

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