Cementera de Castro - La Voz de Galicia - Ángel Manso.

Los vecinos de Castro promueven la ejecución forzosa de cuatro sentencias contra la cementera

Ricardo Pérez Lama. Lama y Asociados.

La Voz de Galicia.

La asociación busca que se clausure y se acometa la demolición.

Aunque sobre la cementera de Castro pesan cuatro sentencias, las instalaciones siguen con actividad y sin un horizonte en el que se aviste su fin. Una situación que ha obligado a la Asociación de Veciños Os Cruceiros de Castro a reimpulsar los trámites judiciales y administrativos para su clausura y demolición. «Nos vemos en la obligación de promover la ejecución forzosa de las sentencias ante la falta de voluntad de las administraciones competentes, Concello de Narón y Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental de la Xunta de Galicia», destacan desde la directiva vecinal.

La ejecución más avanzada es la relativa a la licencia de obras e instalación para molienda, almacenamiento y expedición de cemento, proceso que se encuentra en los juzgados de Ferrol. «Ya se han pronunciado la empresa y el Concello y ahora falta que el juzgado dé la última palabra», explican desde la entidad, y añaden: «Ellos alegan que hay un procedimiento posterior, una modificación puntual del Plan Xeral de Ordenación Municipal, que no es más que un intento de legalizar algo ilegal», lamentan.

Además, han iniciado la ejecución forzosa o lo harán en breve de las sentencias del juzgado de Ferrol o del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que anulan el Plan de Sectorización de una parcela anexa al polígono industrial Río do Pozo; el proyecto de urbanización del plan de sectorización, en lo referente a la conexión de servicios y preparación de la parcela; y la autorización ambiental integrada y declaración de impacto ambiental.

Todos estos procesos, recalca la entidad, les obligan a afrontar nuevos costes que podrían evitarse si las administraciones involucradas cumpliesen con las sentencias. También apuntan que promueven la demolición con la certeza de que no supone derecho de indemnización a favor de los propietarios ya que, explican, la licencia de obras se otorgó unida al resultado del contencioso administrativo promovido por la asociación contra el plan de sectorización de la parcela, y los promotores de la planta iniciaron las obras por su cuenta y riesgo antes de conocerse el fallo.