EFE

La desimputación de Rey Varela genera más dudas sobre la instrucción de la “Operación Pokemon”

Ricardo Pérez Lama. Lama y Asociados.

ABC

Los informes periciales demuestran que la voz que habló con el delegado de Vendex no fue la del alcalde.

Casi cinco meses y un informe pericial después, Pilar de Larase ha visto obligada a reconocer que se equivocó imputando un presunto delito de cohecho en el marco de la «operación Pokemon» al alcalde de Ferrol, el popular José Manuel Rey Varela. Ayer levantó los cargos a través de un auto que, como viene siendo habitual en el Juzgado de Instrucción nº 1 de Lugo que dirige esta juez, la parte afectada conoció primero a través de los medios de comunicación.

El elemento que ha torcido las pretensiones de De Lara ha sido la prueba pericial fonométrica exigida por la defensa del regidor, y que la instructora no había solicitado antes de imputarlo y situarlo en la agenda pública de la corrupción política. Para la Sección Acústica Forense de la Policía Científica, el audio interceptado por Vigilancia Aduanera en el que un interlocutor habla con José María Tutor, el delegado de Vendex en Galicia, no es José Manuel Rey, sino José Manuel Vilaboy, tal y como el alcalde, varios testigos y el propio Vilaboy manifestaron en sede judicial.

A la luz de este informe pericial, a De Lara no le ha quedado más remedio que dar marcha atrás y desimputar provisionalmente a José Manuel Rey, al que situaba como perceptor de sobornos por parte de Vendex a cambio de contratos en el consistorio ferrolano, adjudicaciones que nunca se produjeron durante el mandato del actual alcalde, otro elemento documental que la juez tampoco comprobó antes de señalarlo ante la opinión pública.

Imputación errónea

«Mi participación en este caso se debe exclusivamente a un informe del Servicio de Vigilancia Aduanera que comete un grave error de identificación», afirmó Rey Varela en una comparecencia pública tras conocerse su desimputación: «Esto demuestra que siempre dije la verdad, nunca tuve nada que ocultar, y ni yo recibí nada ni mi gobierno ni yo adjudicamos nunca nada a estas empresas».

Con gesto serio a pesar de la buena noticia recibida, José Manuel Rey exigió que las acusaciones «se demuestren con hechos, no con especulaciones», y expresó su deseo porque «esto se hubiera resuelto en menos tiempo», aunque dijo disculpar la tardanza «porque conozco los plazos de la administración».

Más duro estuvo su abogado, Ricardo Pérez Lama, en conversación con ABC. «Mi cliente ha pasado un auténtico calvario» que «una investigación más a fondo» habría revelado como innecesario. «Fue una imputación precipitada e infundada que ha causado un perjuicio objetivo a una persona pública con responsabilidad», insiste, «no hubo nunca caso Rey Varela».

A su juicio, Vigilancia Aduanera «ha elevado a rango de certeza una presunción, algo que es contrario a derecho». Y sin aclarar si Rey Varela emprenderá acciones legales por el daño producido a su imagen y reputación —«no me compete decidirlo a mí»—, Lama se cuestiona si «hubo más equivocaciones» en la investigación como la cometida con su cliente.

Instrucción cuestionada

La reflexión del abogado basada en el comprobado error de Vigilancia Aduanera y los reveses que han recibido otras piezas de la juez —como el archivo del «caso Patterson» por un juzgado de Santiago o el levantamiento de cuatro cargos sobre Paula Prado decidido por el TSXG— trasladan ahora el debate público a la propia investigación de la «trama Pokemon».

De Lara afronta ahora el descrédito creciente de su cuerpo investigador, que atribuyó a Rey Varela la voz de la conversación con Tutor sin realizar ninguna comprobación técnica, imputándole también un encuentro en La Coruña que carecía de respaldo gráfico. «Ni siquiera realizaron una geolocalización telefónica» para amparar su afirmación, insiste Pérez Lama, «hicieron una mera presunción».

Y la juez tampoco queda exenta de una pérdida de credibilidad en la instrucción judicial, después de que su ambición por investigar una suerte de causa general haya sido criticada en las últimas semanas en mayor o menor medida por compañeros de carrera o, sin ir más lejos, por el fiscal superior, Carlos Varela, o el presidente del TSXG, Miguel Ángel Cadenas.

De Lara, por su parte, se enroca para no admitir públicamente que siguió una línea de investigación carente de fundamento. A su juicio, que Tutor tuviera una nota manuscrita que supuestamente se refería a una entrega de 3.000 euros al PP de Ferrol —negado taxativamente por Rey Varela— y que se reuniera con José Manuel Vilaboy —el «Josman» de la agenda del delegado de Vendex— representa «importantes indicios» que «motiva que se continúen practicando gestiones».