Caso Óliver - Rueda de Prensa

El padre de Óliver Bouza denuncia a la Xunta por incumplir el mandato del Tribunal Supremo

Ricardo Pérez Lama. Lama y Asociados

Diario de Ferrol.

El gabinete ferrolano Lama & Asociados Abogados, en representación de Manuel Bouza Dopico, ha denunciado ante el Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) el incumplimiento, por parte de los funcionarios y/o responsables de la Xunta, del mandato judicial del Tribunal Supremo referido a la muerte del joven Óliver Bouza a manos de su madre, que después se suicidó.

Los trágicos hechos ocurrieron el día de 20 de marzo de 2000, en el domicilio de la familia en el barrio naronés de A Solaina, y el Supremo había anulado una sentencia del TSXG por la que se desestimaba la reclamación patrimonial del progenitor de Óliver por la pérdida de su esposa y su hijo, que padecía un trastorno grave de tipo agresivo y al que la Xunta había levantado la medida de guarda.

El fallo del Supremo ordenaba, por lo tanto, al TSXG la reposición de las actuaciones al momento de la práctica de los medios de prueba acordados. En cumplimiento de este mandato, el Tribunal gallego solicitó a la Xunta un informe sobre “qué modificaciones específicas en las relaciones con su madre devenidas en fecha 5 de mayo de 1999 motivaron dejar sin efecto la medida de guardia asumida por resolución del 13 de enero de 1997 y aconsejaron que Óliver residiera con sus padres”.

Lo que denuncia ahora el gabinete Lama & Asociados es que el informe remitido por la Xunta al TSXG “deliberadamente se limita a reproducir el escrito que dio origen al recurso de casacional y a la sentencia firme dictada por nuestro más alto Tribunal”.

En vista de la situación, la representación del padre del menor interesa que, por parte del secretario judicial, se aperciba a la persona física de Luis Alberto Álvarez Freijido, y a cualquier otro interviniente, de la imposición de multas coercitivas por incumplimiento de lo ordenado judicialmente, así como la deducción del oportuno testimonio de particulares para exigir las responsabilidades penales que pudieran corresponder.