El juez (izquierda) registró el Concello de Ferrol hace un año. Ángel Manso

El juez investiga a una nueva empresa en el caso de las adjudicaciones de Ferrol

Alberto Pérez San Martín. Lama y Asociados

La Voz de Galicia.

Imputa al exconcejal de Urbanismo, aunque el exinterventor dice que las competencias eran del anterior edil de Hacienda

La bautizada como operación Torre, que investiga supuestas adjudicaciones irregulares de obras en Ferrol a la empresa Parquets Albanese y que mantiene encausados al que fue concejal de Obras en el pasado mandato, Gerardo López Castrillón, al empresario y a dos apararejadores municipales, da un paso más. El juez instructor, Morán Llordén, que en las próximas semanas cesa por traslado al Juzgado de lo Penal 5 de A Coruña, amplía las imputaciones al exedil de Urbanismo, Ángel Mato (PSOE), y a la empresa Sanmartín, adjudicataria de un plan de rebacheo.

Ayer declaró en la comisaría de policía (presumiblemente también lo hará ante el magistrado) el que fuera interventor municipal en aquellos meses, Manuel Vázquez, ya jubilado. En una declaración de varias horas, el alto funcionario señaló a los agentes de la Policía Judicial que carecía de competencias en relación a las acusaciones.

Salvo fiscalización general del gasto, lo cierto era que apenas pasaban por sus manos los expedientes, explicó, porque por entonces y durante el mandato del PSOE se había creado una oficina presupuestaria, de la que era responsable el concejal Ramón Veloso, que era la que resolvía todos los gastos. Entregó a la policía un informe sobre cómo podían evitarse las supuestas anomalías.

También compareció en la comisaría Dolores Fernández Rico, titular de la empresa Parquets Albanese, e igualmente declaró durante varias horas. Fernández sostuvo que todos los trabajos que contrató con el Ayuntamiento de Ferrol están documentados, ejecutados y que ha recibido ya unos 600.000 euros del Plan de Proveedores del Estado, pero le quedan todavía «cuantiosas cantidades por cobrar».

Lo que dice la policía

A su vez, los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Jefatura Superior de Policía de Galicia han concluido ya buena parte de sus informes sobre la operación Torre. La investigación señala que se produjo el fraccionamiento de contratos para evitar que cada partida superase los 50.000 euros, de manera que fuesen adjudicados como obras menores, lo que podría evidenciar «un ilícito fraccionamiento» por tratarse de una adjudicación directa irregular. Los agentes añaden luego que «no se observan irregularidades administrativas claras que induzcan a pensar en la existencia de un dolo para amañar las contrataciones», tanto en la empresa Albanese como en Sanmartín, pero se refieren solo a una parte de la investigación porque luego el informe concluye: «Existen multitud de contrataciones a lo largo de los seis años analizados en las que se aprecia fraccionamiento que podría inducir a pensar en la existencia de un dolo para amañar dichas contrataciones». En tal período las adjudicaciones superan ampliamente el millón de euros. Los dos exconcejales citados han sido convocados a declarar por el juez.