El fiscal no ve delito en que un alcalde apoye a Garzón
Ricardo Pérez Lama. Lama y Asociados
No hubo delito en la moción de apoyo al juez Baltasar Garzón que aprobó el Ayuntamiento de Ferrol en marzo del 2010. La Fiscalía da por zanjada la polémica abierta el pasado verano por el respaldo de la corporación ferrolana al trabajo del magistrado en su investigación de los crímenes del franquismo.
El fiscal no ve delito en que un alcalde apoye a Garzón
Archivadas las diligencias abiertas por la moción de apoyo al juez Baltasar Garzón aprobada por el Ayuntamiento de Ferrol
El fiscal jefe de la Audiencia de Madrid, Eduardo Esteban, ha archivado las diligencias abiertas por el ministerio público en relación con la moción de apoyo al juez Baltasar Garzón aprobada por el Ayuntamiento de Ferrol el 25 de marzo del año pasado. La fiscalía no aprecia delito, porque la remisión del acuerdo al magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela se debió «a una falta de cuidado o de celo» del consistorio y no a un intento de atacar la independencia del juez.
Las diligencias de investigación fueron abiertas a instancias de la propia Sala Segunda del Supremo, después de que Varela (instructor de la causa contra Garzón por abrir la primera causa penal para investigar los crímenes del franquismo) recibiera una copia del acuerdo.
El artículo 508 del Código Penal castiga «a la autoridad y funcionario administrativo o militar que atentare contra la independencia de los jueces o magistrados, garantizada en la Constitución, dirigiéndoles instrucción, orden o intimación relativas a causas o actuaciones que estén conociendo».
La fiscalía declara que para que se produzca este delito debe existir la intención de violentar la voluntad del magistrado. Y cuando se interrogó al alcalde de Ferrol, el socialista Vicente Irisarri, este explicó, como recoge el propio acuerdo, que a quien se debía enviar era al Consejo General del Poder Judicial. La remisión al Supremo la decidió la Secretaría del Consistorio, porque «desde hace muchos años» las mociones de carácter político se notifican a «todas las personas o instituciones que puedan verse concernidas por las mismas». Por eso se le envió a Varela y hasta al presidente de la Audiencia Nacional.
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