El abogado Ricardo Pérez Lama resaltó que la sentencia del TSXG era contradictoria con el propio informe de la Xunta, que en su escrito asumía que no disponía de recursos para atender a Oliver.
El Supremo anula el juicio de la mujer que mató a su hijo enfermo en Ferrol
Una sentencia culpaba a los padres por desatender al adolescente, pero el alto tribunal exige que se repita el proceso ya que la Xunta reconoció que no tenía medios para hacerse cargo del menor
AGENCIAS | FERROL El Tribunal Supremo ha anulado la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y obliga a repetir el juicio del denominado caso Oliver, el joven de Narón con trastorno psíquico y agresividad que fue asesinado por su madre, que después se suicidó, y en el que el padre del menor reclama a la Xunta 250.000 euros por no haber atendido el caso del chico al carecer de instalaciones adecuadas.
Según hizo público ayer el despacho de Lama & Asociados, que representa al padre del menor, Manuel Bouza Dopico, el Supremo ordena la reposición de las actuaciones porque considera que se produjo indefensión. El TSXG había responsabilizado del caso a la madre, por supuestos problemas psíquicos, y al padre, por falta de atención. Sin embargo, la propia Xunta había admitido que no se podía hacer cargo del menor por falta de instalaciones y medios adecuados.
El joven, nacido en el año 1982, sufría un trastorno grave de conducta de tipo agresivo. En el año 1993, la entonces Consellería de Traballo e Asuntos Sociais, apreciando el «desamparo» de Oliver, había asumido su tutela y lo había internado -primero en el Hogar Nuevo Futuro y después en el centro Sotomayor- por considerar que la situación en el hogar entre madre e hijo suponía un «riesgo para la integridad física de ambos».
En el año 1999, sin embargo, la Xunta levantó la «guarda» de Oliver y lo envió a su domicilio. La Administración autonómica había admitido que no disponía de recursos idóneos para hacer frente a su patología. Poco después, el 20 de marzo de 2000, María Casal mató a su hijo, que contaba con 17 años, y después se suicidó. En un escrito antes de su muerte, aseguró que se sentía desamparada por las administraciones.
El padre y viudo considera que la Xunta es la responsable de lo sucedido. «Echó balones fuera, decía que no tenía medios. Y si ellos no los tenían, menos los podía tener el padre», aseguró Manuel Bouza, que declaró ayer que «era un vivir sin vivir», una «muerte anunciada» de la que «la Xunta son los únicos culpables». «Tienen dos muertos encima de la mesa», manifestó.
Manuel Bouza lamentó además que la sentencia del TSXG determinase que el padre era culpable de la situación, por falta de atención a Oliver. «Yo he pasado hasta 30 días sin ir a trabajar para estar en casa, no sé qué más quería el juez», aseguró.
El abogado Ricardo Pérez Lama resaltó que la sentencia del TSXG era contradictoria con el propio informe de la Xunta, que en su escrito asumía que no disponía de recursos para atender a Oliver.
Pérez Lama recordó que en el caso del menor con obesidad de Ourense los servicios sociales se hicieron cargo de la tutela del niño «porque estaba gordo, pero en este caso es peor, porque tenía un trastorno agresivo, era un infierno vivir con él».
La Opinión A Coruña. Ferrol
